Agustín E. Casagrande. Profesor de Sociología del Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP aguscasahistoria@gmail.com

 

La intersección entre historia y derecho ha requerido siempre de la reflexión sociológica. Ello así, dado que la historiografía depende de las categorías sociológica que definen los objetos en el presente, para proceder luego a su proyección en el pasado. En el presente, los estudios histórico-sociológicos jurídicos se han distanciado de la historia dogmática, y bajo la influencia de la historia social de la justicia, han comenzado a explorar los intereses en juego que dieron forma a los conceptos jurídicos. Se ha definido así un campo de trabajo que observa a las metodologías jurídicas, las narrativas históricas particulares, las instituciones y los giros de lenguaje jurídicos como contingencias históricas. Se ha dislocado, así, la mirada teleológica que observaba a la tradición jurídicas como el perfeccionamiento de una verdad sin relación con los determinantes histórico-sociales. Este enfoque socio-histórico permite conocer más acerca de los discursos que hablan por boca de los abogados, magistrados y políticos. En esta mesa, abierta tanto a historiadorxs, juristas, antropólogxs y sociólogxs se propone retomar la crítica histórico-jurídica en un doble nivel de análisis. Por un lado, se busca ingresar en una historia conceptual de las categorías jurídicas para analizar las determinaciones genéticas y los límites conceptuales (sus aporías), ante una realidad cambiante. Por otro, se busca analizar los usos del pasado (la narrativa histórica) que utiliza la comunidad jurídica como estrategia de legitimación de sus categorías y prácticas. Este último punto, surge de observar la divergencia entre la historia de los historiadores y la historia de los abogados, lo cual permite a la sociología jurídica ubicarse en la zona de umbral que define dicha ciencia, para producir una crítica histórica en torno a los usos del pasado, articulados bajo tópicos historiográficos e imaginarios, que utiliza la ciencia jurídica para legitimar las prácticas del derecho en el presente.